jueves, 2 de julio de 2015

A golpe de ley







El PP lo ha vuelto a hacer. Lo de abusar de su mayoría absoluta para aprobar leyes que ha rechazado la inmensa mayoría de la población (a la que presuntamente sirven). No es nuevo eso de usar la democracia representativa para hacer y deshacer a espaldas del representado (o sea, tú y yo) durante los cuatro años que dure la legislatura, pero ahora, la Ley de Seguridad Ciudadana ha criminalizado acciones como impedir desahucios, hacer sentadas en espacios públicos como colegios u hospitales que corran el peligro de cerrar sus puertas, o fotografiar actos de abuso policial. Supongo que la administración que preside Mariano Rajoy considera que banqueros, imputados y antidisturbios son ciudadanos que precisan de una protección especial.


¿Cuántos antidisturbios, jueces que firman alzamientos o personal de sucursales bancarias han sido agredidos por la difusión de imágenes en internet? La realidad es que no somos violentos. Lo demuestra el hecho de que, sin excepción, ninguno de los asesinos y violadores reincidentes que la derogación de la doctrina Parot dejó en libertad hayan sido agredidos o amenazados, que ninguno de esos jubilados estafados por las preferentes haya entrado en una sucursal, escopeta en mano, o que un imputado siga pavoneándose de su aforamiento con total impunidad. Esta ley viene a decirnos, sin el más mínimo fundamento, que somos una sociedad violenta o anárquica, una suerte de Viejo Oeste donde nos tomamos la justicia por nuestra mano. No, la violencia no es un problema de este país. El PP ha vuelto a errar en el diagnóstico, y ha vuelto a aplicar el tratamiento equivocado. No hace falta ser economista o politólogo para diagnosticar los problemas que achacan este país; paro y corrupción, o corrupción y paro (dejo el orden a vuestro criterio). ¿Era necesario redactar y aprobar una ley que aplique tan desproporcionados castigos para delitos que no se han cometido?



¿Cuántas manifestaciones violentas, barricadas, destrozos importantes de mobiliario urbano se han producido para justificar la aprobación de una ley que nadie ha pedido? ¿Con qué fundamento se arrogan el derecho de aprobar una ley a espaldas de la voluntad ciudadana cuál padre que impone una norma a su hijo, demasiado joven para entender que es por su bien? Paternalismo rancio con el propósito de esconder la corrupción debajo de la alfombra, en lugar de tirarla a la basura.   



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