jueves, 14 de abril de 2016

Las mujeres y la violencia





Es necesario aclarar, debido a la especial sensibilidad que la violencia hacia la mujer provoca en nosotros, que este artículo no ha sido escrito con el objetivo de señalar a la mujer como responsable de la violencia, acusarlas como perpetradoras o instigadoras de los males que aquejan a la sociedad y, mucho menos, atenuar la más que obvia responsabilidad masculina en los crímenes que tienen por victimario al hombre. Sin embargo, frente a la implacable batería de acusaciones y criminalización del varón por parte del neofeminismo, se hace necesario estudiar el papel que, también indudablemente, tiene la mujer –ya sea como usuaria o como beneficiaria- de la violencia. De acuerdo al infame neofeminismo la violencia es feudo de los hombres. De hecho, incluso cuando es ejercida por una mujer, la influencia machista o patriarcal flota sobre la victimaria, como una mano invisible que le hace apretar el gatillo. Pero, ¿es cierto que la mujer es ajena a la violencia y que, cuando la practica, se trata de un hecho aislado? ¿Es cierto que el hombre posee el monopolio de la violencia, o la ejecuta en una desproporción desorbitante? A continuación contra-argumentaremos las principales explicaciones que el neofeminismo ofrece para demostrar sus teorías discriminatorias. 



1)Sólo hay que ver las poblaciones carcelarias de cualquier país. 

Sí, la población penitenciaria es mayoritariamente masculina. En España había (según datos del INE) 60.040 reclusos varones en 2014 frente a 4.977 féminas. Es decir, alrededor del 92% de la población reclusa española es masculina, frente al 8% femenino. Con este dato podemos pensar, definitivamente, que la violencia está casi monopolizada por el hombre. Sin embargo, existe un trato diferenciado bochornoso e intolerable en el sistema penal de la mayoría de los países occidentales. 

En Estados Unidos, país donde este fenómeno ha sido más ampliamente estudiado, Sonja Starr –profesora de derecho de la Universidad de Michigan- elaboró un estudio en el que demostraba que un hombre tenía dos veces más probabilidades de acabar en la cárcel que una mujer, habiendo cometido el mismo delito. La profesora Starr concluyó en el estudio que, por el mismo delito, las condenas a varones son un 63% más largas. Pese a que son minoría en la población reclusa, el 30% de los indultos concedidos por el presidente Obama tuvieron como destinatario una mujer. Incluso en sentencias de muerte apreciamos ese trato diferenciador. Aunque las mujeres cometen el 10% de los asesinatos –según Andrea Shapiro- sólo representan el 0,5% de los condenados a muerte. 

De hecho, en el OLB (Boletín Legal de Ohio) de 1912, se comenzó a incluir mujeres en los jurados porque un jurado constituido únicamente por hombres prácticamente nunca condenaba a las acusadas. Lo mismo sucedía en Chicago, donde el Fiscal del Estado Wayman llegó a decir que con el sistema de jurado masculino existente en la época nunca se condenaba a una mujer por homicidio. 

La discriminación en el sistema penal es un fenómeno global, no exclusivamente estadounidense. En 2011, Naciones Unidas presentaba la Resolución 65/229 que lleva un título muy elocuente: Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, más conocida como Las Reglas de Bangkok. Básicamente, en los puntos 5, 6, 10, 57, 58 y 70 de dicha resolución, se alienta a los estados miembros de las Naciones Unidas a sustituir las penas privativas de libertad por medidas alternativas, sin especificar ni justificar bien por qué razón. 

Y todo esto sin contar los delitos en el ámbito doméstico, que ha dado luz a una ley que bien podría estar a la altura del Apartheid sudafricano, la LIVG. Más del 7% de los reclusos de este país están en las cárceles en virtud de la LIVG, cumpliendo condenas por delitos que serían considerados faltas –y, por tanto, no conllevarían penas de privación de la libertad- de haber sido cometidos por mujeres. 

Por supuesto, todos estos datos no justifican la enorme diferencia de sexos en la población carcelaria, pero sí revela que la deferencia real en los índices de violencia es significativamente menor a la que vemos en la diferencia de número de reclusos y reclusas. 

En el próximo artículo, seguiré refutando otros argumentos esgrimidos por el neofeminismo.





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