lunes, 13 de junio de 2016

Capítulo 1: La ley de Violencia de Género


(A continuación, una serie de capítulos sobre el feminismo actual, causas y consecuencias, que iré publicando en lo sucesivo en este blog) 


Retrato de Benjamin Franklin




 Capítulo primero: La Ley de Violencia de Género.





“Aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea no merecen ni libertad ni seguridad.”   
Benjamin Franklin. 



El veintiocho de diciembre de 2004, y en medio de mucha polémica –convenientemente silenciada o amortiguada por los medios de comunicación- fue aprobada en el congreso la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, más conocida como LIVG o VioGen. Su perpetrador fue el –entonces- ministro de Justicia Juan López Aguilar, durante la administración del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha ley fue presentada por López Aguilar y Zapatero como un triunfo de los derechos sociales, una victoria sobre el machismo que impregna la sociedad, un éxito en la larga guerra contra el patriarcado. El gobierno se convertía así en un faro de esperanza, se erguía como el protector de la mujer contra una sociedad estructuralmente machista. Con esta ley venían a decirnos que el Estado, el gobierno, los políticos, nos protegían de nosotros mismos y, al mismo tiempo, cargaban contra nosotros la responsabilidad del problema, la culpa del machismo y los asesinatos que causan. 

No era la primera vez –y tampoco sería la última- que el Estado vertía sobre el pueblo la responsabilidad de un problema, que nos señalaban y acusaban abiertamente de ser los culpables de un mal. De hecho, esa es una estrategia común y de la que nos advertía Sylvain Timsit en un texto difundido en un medio francés y viralizado después en internet, atribuyéndosele erróneamente su autoría a Noam Chomsky. 

Concretamente en el punto nueve de su decálogo sobre estrategias de manipulación mediática, Timsit describe como el Estado refuerza nuestro sentimiento de autoculpa, como trata de convencernos de que nosotros somos los únicos culpables de nuestras desdichas. Con ello, el Estado se desprende de sus responsabilidades en los problemas y, al mismo tiempo, se presenta como la solución a los mismos. 

Pudimos apreciarlo en la crisis económica del ladrillo. El presidente popular Mariano Rajoy, en unas declaraciones emitidas en 2012, culpaba a los propios ciudadanos de la crisis que golpeó –y aún golpea en la fecha en que se escribió estas líneas- con tanta dureza a las clases media y humilde de este país. Rajoy afirmaba, con mucho convencimiento y bastante desvergüenza, que la causa de la crisis fue el consumo de los ciudadanos por encima de sus posibilidades. “Hemos comprado créditos a segundas viviendas, televisiones de plasma, viajes al Caribe… Y eso no es razonable. La culpa de la crisis es que hemos gastado más de lo que teníamos.” La diputada Pilar Sol también aludió a los “televisores de plasma” como causa de la recesión económica. 

La LIVG sigue a pies juntillas ese mismo punto del decálogo de Sylvain Timsit. El Estado culpa a la sociedad en su conjunto del maltrato y los asesinatos de mujeres aludiendo a los “condicionantes socioculturales” y la misma relación entre hombres y mujeres, “históricamente desiguales”. Así pues, se presenta como protector de la mujer en una sociedad machista, en lo que resulta, paradójicamente, un rancio paternalismo. La mujer debe entender que sólo el Estado, y sus organismos y tentáculos, pueden garantizar su seguridad. La mujer debe ver al Estado como un padre bienhechor, y entregar su independencia a él a cambio de protección. 

Así mismo, se hace necesario reforzar la idea de que la mujer vive en un entorno hostil. Debe sentirse desprotegida, insegura, desamparada, para legitimar al Estado a seguir ejerciendo su tutela sobre ella. En esto entra en juego el feminismo de Estado, feminismo estatal o neofeminismo –del que hablaré más adelante- y su campaña del miedo, y cómo beneficia ese miedo en la aceptación del papel paternalista, sobreprotector y autoritario del Estado por parte de la mujer. 

Como se puede desprender de estas reflexiones, la LIVG nace del machismo más rancio, pese a que privilegia a la mujer en el código penal y viola derechos fundamentales del hombre. Es esto último, precisamente, lo que puso en cuestión la constitucionalidad de la nueva ley. La vulneración del derecho a la presunción de inocencia de la población masculina y la asimetría penal en función del sexo del agresor. 

Numerosos juristas, entre los que se encontraba la titular del Juzgado número 2 de Albacete, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para declarar inconstitucional la LIVG, pues la consideraban incompatible con el artículo 148.4 del Código Penal, que hace referencia a la agravación de los delitos de lesiones por discriminación. El Tribunal Supremo desestimó el recurso aduciendo que, dado la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, toda agresión de un hombre a su mujer estaba fundada en ese machismo atávico. Es decir, por el mero hecho de que la víctima sea mujer y el victimario hombre, la agresión es, forzosamente, discriminación machista. La asimetría penal quedaba así pobremente justificada en la idea de que el hombre es por naturaleza opresor, y la mujer es su víctima. Además, la sentencia del Supremo obviaba el artículo 14 de la Constitución, que reza;


Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 


Diversas asociaciones de juristas y afectados por la LIVG elevaría el recurso al Tribunal de Estrasburgo. Por su parte, socialistas y asociaciones feministas aprovecharon la sentencia del Supremo para negar la evidencia de que la LIVG vulneraba el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la propia coordinadora de la LIVG, la socialista Soledad Murillo de la Vega, reconoció en un medio que dicha ley, efectivamente, suspende la presunción de inocencia. “Cuando hicimos la ley (LIVG) se nos planteaba el dilema de elegir entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas”, reconocía la coordinadora, en unas declaraciones tan claras que no se prestan a interpretación. 

Aunque Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia Provincial de Vitoria, no fue tan explícito como Soledad Murillo, también reconoció que en “algunos” casos se podía poner en peligro la presunción de inocencia, y que por haberse intentado equilibrar la situación, se “podía” haber ido demasiado lejos legislativamente. Su colega del Juzgado de 1º Instancia número 44 de Barcelona, Gemma Vives Martínez, denunciaba en un suplemento jurídico de elEconomista.es un uso torpe y abusivo de la legislación -en referencia a la LIVG- y defendía al exjuez Francisco Serrano –pionero en la denuncia de la ley-. 

Con la LIVG se invertía la carga de la prueba. Mientras que para cualquier delito penal es la acusación quien debe demostrar la culpabilidad del acusado, en delitos de violencia de género la acusación sigue el principio de veracidad y es el acusado quien debe demostrar que los hechos delictivos que se le imputan no son ciertos. Diego Gómez-Reino, presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, afirmaba en el Diario de Mallorca que se puede condenar con el testimonio de la víctima como única prueba de cargo. Desde ese punto de vista, hablamos de una ley liberticida que antepone –tal es el pretexto- la seguridad de la mujer que denuncia hechos recogidos en la LIVG a la libertad –derechos básicos e inalienables- de más de veinte millones de personas. 

La seguridad jamás debería ser un pretexto para limitar la libertad o vulnerar los derechos de la población –y menos discriminar a una parte de ella-. Como decía Benjamin Franklin, “aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea no merecen ni libertad ni seguridad”. Desde luego, las leyes liberticidas –tal es el caso de la LIVG- tienen numerosos precedentes en cualquier régimen totalitario, y comparte con ellos que se crearon con el pretexto de proteger –libertad a cambio de protección-. Sin duda, la tendencia actual de los Estados con tintes totalitarios es barnizar la pérdida de libertad de los gobernados, o comprometer la independencia de los distintos poderes de cuya separación depende todo Estado de derecho, a base de decretos, lo que crea la ilusión de democracia. Así se hacen terriblemente actuales las palabras del político e historiador clásico Tácito en el siglo I; cuánto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. 

Lo pudimos ver con la ley del 85, promovida por el socialista Felipe González al comienzo de su largo gobierno, y que secuestró el poder judicial, con sus nefastas consecuencias, hasta la actualidad. Un ejemplo reciente fue la conocida como Ley Mordaza, que ejemplifica esa utilización de la protección ciudadana como pretexto para suprimir o limitar la libertad. No en vano, el nombre oficial de la Ley Mordaza es Ley de Protección Ciudadana, de la misma manera que la LIVG es Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral […] Es decir, la palabra “protección” siempre está presente para pretextar el aumento del poder y el control que el Estado ejerce sobre los ciudadanos. Todas son, además, acompañadas por una machacona propaganda -la campaña del miedo es necesaria para conseguir que el ciudadano entregue voluntariamente su libertad, o cuotas de ella, a cambio de seguridad por parte del Estado-. 

La LIVG comparte con la Ley Mordaza, recientemente aprobada, otra característica esencial; además de ser una ley liberticida, ninguna de ellas vino precedida de movilizaciones sociales, ni peticiones populares, ni grandes marchas o manifestaciones. Son leyes nacidas del Estado, no sometidas a plebiscito alguno y, o bien con una fuerte oposición popular –el 82 por ciento de los españoles se manifestaron en desacuerdo con la Ley Mordaza-, o bien aprovechando el desconocimiento de los fundamentos de la ley –en el caso de la LIVG, la gran mayoría de los ciudadanos ignoraban (y aún hoy ignoran) sus claves-. 

Por otra parte, aunque la libertad en democracia es –insisto- inviolable e intercambiable por una pretendida seguridad, ¿ciertamente la LIVG salva vidas, como asegura Soledad Murillo de la Vega y aquellos que la defienden? ¿Se ha reducido el número de mujeres que cada año son asesinadas por sus parejas o exparejas, desde la aprobación de la ley? ¿Se cimenta en fundamentos legítimos? 

Con sólo acudir a las estadísticas oficiales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género podemos impugnar las declaraciones de Soledad Murillo de la Vega y quienes defienden la ley. La cifra más negra de víctimas se situó en 2009 (73), cuando la LIVG hacía cinco años que estaba en vigor. Un año después morirían 61 mujeres a manos de sus compañeros o excompañeros. En 2007 asistimos a la terrible cifra de 71 víctimas. Pero, ¿cuántas mujeres eran asesinadas antes de la aprobación de la LIVG? Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, entre los años 1997 y 2003 –el año anterior a la aprobación de la ley- fueron asesinadas una media de 45,4 mujeres al año. Desde 2004 hasta 2015, la media de víctimas ascendió a 60,7. Podemos decir –y siendo extremadamente cautelosos- que la LIVG se ha demostrado, cuanto menos, ineficaz. 

Pero además, la ley se basa en una mentira fácilmente contrastable. En los anexos de la LIVG, leemos la siguiente aseveración; en la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia […] Dicha mentira, que justifica esta ley liberticida –podríamos nominarla, sin caer en exageraciones, ley de excepción-, es manifiesta. Según el III Informe Internacional sobre la Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Pareja, realizado por el Centro Reina Sofía para el Estudio Contra la Violencia, en España se registra una media de 2,8 homicidios por cada millón de mujeres mayores de catorce años. España se sitúa, de este modo, por detrás de países como Austria (9,4), EEUU (8,4), Francia (5,2), Reino Unido (4,2) o Italia (3,7). Incluso los países escandinavos, considerados el paradigma de la igualdad social, registran números más altos; Finlandia (9,3) o Noruega (3,7). De los 35 países estudiados por el III Informe Internacional sobre la Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Pareja, España se sitúa en un meritorio vigésimo cuarto puesto. La media europea oscilaría en torno a seis mujeres asesinadas por cada millón –más del doble que en nuestro territorio-. Una encuesta realizada en 2014 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE viene a confirmar el estudio del Centro Reina Sofía, pues revela que España se encuentra entre los países en los que la mujer ha sufrido menos violencia física o sexual a manos de su pareja o expareja de Europa (13%). Luego, la LIVG se sustenta en una mentira oficializada en nuestro código, ya que no existe una especial incidencia de este tipo de delitos en nuestro país. 

En resumen, tenemos una ley liberticida, que ha sesgado derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la mitad de la población española, que está fundamentada en una mentira contrastable, y que además no salva vidas –de hecho, se advierte un aumento de quince asesinatos por violencia doméstica de media desde que se aprobó la ley-. ¿Por qué, entonces, mantienen la LIVG? ¿Por qué buscan ampliarla? ¿Por qué siguen desviando recursos económicos?



-Texto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
-Les 10 stratégies de manipulation des masses avec Sylvain Timsit. 
-Noticia 20 Minutos del 17, agosto de 2010. 
-Artículo 14 de la Constitución Española. 
-Entrevista a Soledad Murillo de la Vega para La Nueva España el 22, noviembre de 2013. 
-Artículo de La Razón del 31, de agosto de 2010.-Artículo de elEconomista.es del 4, de enero de 2010. 
-Artículo de DiariodeMallorca del 26, de noviembre de 2013.-Artículo de El País del 10, diciembre de 2014. 
-Datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. 
-III Informe Internacional de Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja, Instituto Universitario para el Estudio de la Violencia del Centro Reina Sofía. 
-Encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, 2014.





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