martes, 21 de junio de 2016

Capítulo 2: Las denuncias falsas

(Versión revisada y mejorada de un artículo ya publicado) 







Capítulo segundo: Las denuncias falsas 




 “Las denuncias falsas son un coste asumible.” 

 “La denuncia por malos tratos contra mí es falsa […] tiene que ver con un divorcio que yo quería ver de un modo pacífico.” Juan López Aguilar. 




El diputado por UPyD Toni Cantó aseguró en una serie de polémicos tweets –en la famosa red social Twitter- que la mayoría de denuncias por violencia de género que se interponían eran falsas. Aquellas declaraciones causaron un tsunami de críticas, reproches, presiones para que se retractara, demagógicas acusaciones de falta de empatía hacia las víctimas de violencia de género… Poco después, el diputado se desdecía y pedía perdón públicamente por no haber contrastado los datos que le habían aportado. Ciertamente, fue desacertado decir que la mayoría de las denuncias que se interponen por violencia de género son falsas pero, aquellos tweets pusieron sobre el tapete una incómoda realidad soterrada por los medios de comunicación, pero que hacían arquear la ceja a miles de personas en sus realidades cotidianas; la existencia de estafadoras –e, incluso, instituciones- que se estaban aprovechando de una ley mal redactada y peor aplicada. ¿Qué porción de verdad había en lo que Toni Cantó había dicho, y por lo que fue fuertemente censurado? 

Las cifras que ofrecen las instituciones pro-LIVG oscilan sobre el 0,01%, resultado de comparar las condenas por denuncias de violencia de género falsas con el total de denuncias interpuestas. Con estos datos, podríamos decir que las denuncias falsas por violencia de género son prácticamente inexistentes. Sin embargo, desde que se aprobó la LIVG se cuestionó la capacidad de dicha ley para detectar y discriminar las denuncias falsas de las legítimas, habida cuenta de que se invertía la carga de la prueba y desaparecía la presunción de inocencia de los acusados por violencia de género. Su propio hacedor, Juan López Aguilar, concluía el asunto con unas desvergonzadas declaraciones en 2006; “las denuncias falsas son un coste asumible”. En 2015, y en un giro dramático propio de un telefilme, el propio Aguilar, entonces eurodiputado del grupo socialista, era denunciado por presuntos hechos de violencia de género, que el señalado no dudó en catalogar de denuncia falsa. El “coste asumible” se convirtió en “lo más injusto y desgarrador que me ha tocado atravesar”, como aseguró en una entrevista realizada en Vanity Fair. 

En primer lugar, hay que destacar que esa exigua cifra que oscila alrededor del 0,01% no es una cifra oficial, pese a que algunas personas e instituciones la adjetiven así. En un artículo publicado por La Razón en 2010, y que llevaba por título España en el punto de mira de Europa por las falsas denuncias de malos tratos, el Ministerio de Igualdad –al que el diario se dirigió con motivo de la redacción del mencionado artículo- no quiso hacer declaraciones al respecto y se limitó, en su habitual proceder, a remitirse a los datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). El artículo continúa relatando los contactos entre el periódico y el citado órgano de gobierno, que admitía que esta estadística “no estaba tipificada”. A renglón siguiente expresaba, “existen datos de las denuncias realizadas, de las que han sido condenatorias y de las que han sido absolutorias, pero no hay una cifra concreta sobre denuncias falsas”

Ya que no hay estadísticas oficiales al respecto, ¿qué hay de las denuncias falsas por otros delitos? Cuando hablamos de simulación de delitos en otros ámbitos, nos encontramos con datos que nos hacen cuestionar los porcentajes tan nimios e inverosímiles que nos ofrecen los defensores de la LIVG. Por ejemplo, los datos de las aseguradoras mencionan que hasta un 30% de las denuncias por robo en viviendas son falsas. Por otra parte, un artículo de ABC nos decía que 3.081 personas fueron detenidas por denunciar hechos inexistentes o alterados para estafar a la compañía de seguros de su teléfono móvil en 2012. Sólo durante el primer trimestre del año 2013, la Policía Nacional detuvo o imputó a 869 personas por el mismo delito. En todo el 2014, la FGE (Fiscalía General del Estado) tenía 38 casos abiertos por denuncias falsas de violencia de género. Es decir, nos encontramos con un 30% de denuncias falsas por robo de viviendas frente a un insignificante 0,01% de denuncias falsas por violencia de género, y más de tres mil estafadores de compañías de telefonía móvil frente a treinta y ocho presuntas estafadoras de la LIVG en el mismo espacio de tiempo. La enormísima y absurda diferencia entre las simulaciones en el resto de delitos y la falsa denuncia por violencia de género ya es suficiente para que salte la alarma del más elemental sentido común. ¿Acaso quieren hacernos creer que la violencia de género es el único delito de todo el Código Penal que se libra de la lacra de las denuncias falsas? Algunos podrían argumentar que, la más que significativa diferencia entre el número de falsas denuncias por violencia de género y en el resto de delitos, se debe a que, en el caso de los que simulan un robo de móvil o en su vivienda, buscan obtener un beneficio concreto; estafar a las aseguradoras. La siguiente pregunta lógica sería; ¿existen beneficios que puedan tentar a las estafadoras de la LIVG para interponer denuncias falsas contra sus parejas o exparejas? 

En primer lugar, la denuncia por violencia de género casi asegura la custodia de los menores en disputa, con todo lo que ello conlleva. La legislación actual establece que la custodia compartida no pueda ser concedida al existir un proceso penal en curso, durante el cual, la madre obtiene la custodia monoparental de los hijos de manera provisional. Aunque la sentencia sea absolutoria, la madre ya casi ha conseguido su propósito de asegurarse la custodia de los menores, teniendo en cuenta que, según datos del CGPJ, hasta el 87% de las sentencias referentes a la custodia de los mismos coinciden con las medidas provisionales. A su vez, la mera denuncia conduce a la salida del varón del domicilio conyugal así como la incomunicación inmediata con la denunciante, que suele favorecer la decisión del juez para no modificar el régimen de visitas establecido para el proceso judicial. Por tanto, para el exdiputado del partido Andalucista y escritor Diego de los Santos no es extraño que, en palabras suyas, uno de cada tres divorcios se “gestione” con una denuncia por malos tratos. 

Además, el uso de la vivienda se asigna al custodio del menor, lo que, objetivamente, constituye una razón poderosa para que algunas mujeres puedan sentirse tentadas de usar la LIVG. Los diferentes gobiernos autonómicos también ofrecen alicientes individuales que pueden ser tentaciones para el fraude. Así pues, la Junta de Andalucía concede matrículas universitarias gratis y prestaciones para mujeres maltratadas, o el PCI en Canarias. Por no mencionar que la sensación de impunidad, al saberse que sólo muy pocos casos son perseguidos y castigados, puede dotar a la defraudadora del valor necesario para interponer una denuncia falsa. Por no mencionar la más obvia de todas, la posibilidad de que algunas mujeres abyectas –que las hay, y de las que hablaremos en profundidad en el capítulo sobre violencia femenina- decidan usar la LIVG para causar algún perjuicio a su pareja o expareja. 









Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su contacto directo y cercano con las denunciantes de hechos recogidos en la LIVG, tienen mucho que decir al respecto. ASIGC –Asociación Independiente de la Guardia Civil-, una de las más importantes del gremio, recogió más de dos mil denuncias de agentes que afirmaban que muchas denunciantes buscaban un beneficio de la Administración, asegurarse la custodia del hijo o la asignación de bienes. Explican que sus visitas, rondas de vigilancia e, incluso, las llamadas telefónicas que realizan para comprobar el estado de la protegida, les causa desinterés o abierta molestia. Continúan explicando que muchas cambian de domicilio sin siquiera avisar de ello a las autoridades, mostrando un escaso interés en la protección que se les aplica y que, presuntamente, necesitan. 

A nivel asociativo también existen poderosas razones económicas que deben influir necesariamente en el fraude de la LIVG. En una intervención televisiva, el abogado y analista Javier Nart acusaba a los lobbys de convertirse en una perversión de lo que significa la sensibilidad social, y añadía, “tuve, hace años, la defensa de una persona que era culpable, y hubo cuatro acusaciones; dos absolutamente legítimas, la del Fiscal y la de la familia, y dos instituciones de defensa de la mujer. El esperpento era descomunal. Al final, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué sentido tiene que, habiendo defensa suficiente para defender los derechos de la víctima, tengamos la presencia institucional de asociaciones subvencionadas que se justifican a sí mismas a través de la presencia en procedimientos?”

La razón por la que asociaciones subvencionadas presentan su acusación, pese a que es jurídicamente innecesario, puede tener mucho que ver con la resolución 15,043 del Ministerio de Trabajo del 8, de agosto de 2005, publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado) del 8 de septiembre. Concretamente, en la página 30.543, leemos que el número de subvenciones se conceden en función del número de mujeres que se declaran maltratadas y del número de denuncias que se presentan. Es decir, no es necesario que acaben en condenas. Sólo importa el número de denuncias presentadas y, a más denuncias, mayor subvención. 

No es extraño, por tanto, que el Juzgado de Instrucción número 13 imputara a María Luisa A. B., médico de familia de Madrid, las abogadas del despacho Exaequo María Cruz Sánchez y Yolanda Corchado, vinculadas a la Federación de Mujeres Progresistas –una de las asociaciones feministas que reciben mayores subvenciones del Instituto de la Mujer-, la psicóloga Beatriz M. G., del programa de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la FMP, así como la directora de esa área en el momento de la peritación, Covadonga Naredo, al existir un presunto “uso espurio de los procedimientos penales, así como dolo y mala fe”. Toda una presunta trama perfectamente organizada y dedicada a las denuncias falsas. 

Son muchas las mujeres que han reconocido haber sido aconsejadas por sus abogados, o por diferentes asociaciones, para interponer una denuncia por violencia de género y aprovecharse de sus beneficios. De hecho, en un programa de TVE Canarias, una mujer en riesgo de exclusión social afirmó que Asuntos Sociales le había instado a que denunciara a su pareja por violencia de género para obtener el PCI (Prestación Canaria de Inserción). 

Existiendo razones tan poderosas para el fraude, ¿cómo es posible que la simulación sea prácticamente inexistente en violencia de género y ronde el 30% en otros ámbitos? De nuevo, los defensores de la ley podrían argumentar que la simulación de malos tratos supone un delito más grave que fingir cualquier otro hecho delictivo, y la perspectiva de una condena severa puede disuadir a la potencial defraudadora. Pero como hemos visto antes, las sentencias condenatorias por denuncia falsa de violencia de género son prácticamente inexistentes, por lo que no hay verdadera sensación de riesgo. 

Una falsa denunciante tiene mucho que ganar, y muy poco que perder. Cómo consiguen mantener anestesiada la sociedad y por qué lo hacen –es decir, por qué ocultan o escamotean la realidad de las denuncias falsas- sería la siguiente secuencia lógica de preguntas. Ciertamente, no han logrado convencer a los ciudadanos de la inexistencia de denuncias falsas, aunque sí han conseguido censurar todo debate al respecto en los grandes medios de comunicación. 

De acuerdo a un estudio del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco –que lleva por nombre “Violencia contra las mujeres en Euskadi: percepción y opiniones de la población”- basado en entrevistas a dos mil personas, el 40% de la población son conscientes de que existen “muchas” denuncias falsas por violencia de género aunque, obviamente, no puedan precisar cuántas. Porcentaje que se ha visto incrementado en un 15% con respecto a 2012. Cuatro de cada diez considera que es un problema real, y no casos altamente improbables como insisten en hacernos creer los defensores de la LIVG. 

Es decir, por mucho que sigan el principio de Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda nazi, de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, y utilicen todo el aparato mediático para convencernos de la infrecuencia de la existencia de denuncias falsas, un porcentaje amplísimo de la población –y cada vez más numeroso- siguen creyendo que la actual situación ofrece cobertura a este tipo de fraude, y que no es un hecho infrecuente. Porque ante las cifras que se nos ofrecen desde las instituciones está la obviedad del ciudadano que conoce algún caso –o más de uno- que pone de manifiesto que es un problema real. Este intento de anular nuestro sentido común y convencernos contra lo obvio nos recuerda al momento en la novela 1984, de Orwell, en el que un miembro del Partido trata de convencer al protagonista de que dos y dos pueden ser cinco, si el Partido así lo decía.



-Artículo de ABC del 26, de febrero de 2014. 
-Artículo de La Razón del 31, de agosto de 2010.  
-Artículo de El País del 31, de diciembre de 2009. 
-Artículo José Luis Sariego en Lexfamily, del 17, de marzo de 2016. 
-Comunicado de ASIGC, en La Verdad de Murcia del 6, de noviembre de 2007. 
-Artículo de Editorial Jurídica Sepin del 20, de julio de 2015. 
-Artículo de El Mundo Andalucía del 15, de febrero de 2010. 
-Programa Cerca de ti, de TVE Canarias, del 23, de marzo de 2016. 
-Estudio “Violencia contra las mujeres en Euskadi: percepción y opiniones de la población”, Gobierno Vasco, 2015.-BOE 215, 8 de septiembre, 2005. Página 30.543.
















9 comentarios:

  1. "Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su contacto directo y cercano con las denunciantes de hechos recogidos en la LIVG, tienen mucho que decir al respecto. ASIGC –Asociación Independiente de la Guardia Civil-, una de las más importantes del gremio, recogió más de dos mil denuncias de agentes que afirmaban que muchas denunciantes buscaban un beneficio de la Administración, asegurarse la custodia del hijo o la asignación de bienes. Explican que sus visitas, rondas de vigilancia e, incluso, las llamadas telefónicas que realizan para comprobar el estado de la protegida, les causa desinterés o abierta molestia. Continúan explicando que muchas cambian de domicilio sin siquiera avisar de ello a las autoridades, mostrando un escaso interés en la protección que se les aplica y que, presuntamente, necesitan."

    Soy miembro de las FyCSE y esto que se narra, es tal cual. A mí personalmente, entre muchos casos que ''cantaban'' desde lejos, y otros verídicos,por supuesto, una mujer con orden de protección me vino a decir un día en la oficina, muy indignada, que dejásemos de rondar por su casa, de hacerle preguntas, que la estábamos avergonzando delante de todo el pueblo, y que si ella quería estar con su ex, lo iba a hacer quisiéramos o no. Yo por aquel entonces era joven y me quedé de piedra, sinceramente, no supe qué decirle. Hoy en día, ya lo voy entendiendo todo un poco mejor.

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    1. Si no lo has leído ya... te lo recomiendo (además ha tenido un éxito considerable con la Policía y la Guardia Civil):

      https://www.amazon.es/celda-inocentes-Francisco-Lario-Parra/dp/8491153195/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1466547301&sr=8-1&keywords=la+celda+de+los+inocentes

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    2. Exacto, vosotros sois testigos directos del uso espurio de la ley en muchos casos. Por desgracia, lo que vemos es sólo la punta del iceberg.

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  2. PRISIÓN YA PARA EL RESPONSABLE de los borregos del 0,01%
    https://twitter.com/merece_saberlo/status/727440915778965504

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    1. El encubrimiento de delitos es ilegal, pero ya sabemos como se aplica la ley en este país.

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  3. ¡Excelente artículo! Espero con ganas el tercer capítulo.

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  4. Un artículo brillante. Esto podría habrir muchas mentes. ¡A DIFUNDIR!

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