martes, 28 de junio de 2016

Capítulo 3: La industria





Capítulo 3: La industria



“La COMPI y otras asociaciones […] pedimos que se elimine la exigencia de auditoría externa.” 



En los capítulos anteriores hemos cuestionado tanto la legitimidad como la funcionalidad de la LIVG, y hemos comprobado que existen razones muy poderosas para pensar que hay un denodado e insistente esfuerzo por soterrar un hecho percibido como un serio problema por un amplísimo porcentaje de la población; las denuncias falsas de violencia de género. Pero, ¿por qué habrían de hacerlo? ¿Qué razones –si es que existen- puede llevar a ciertas instituciones a negar lo que decenas de jueces y abogados, analistas, asociaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, organizaciones de afectados, así como millares de personas en sus realidades cotidianas denuncian insistentemente a través de los estrechos canales que les dejan? 

Para encontrar la respuesta hay que retroceder hasta el origen; el 28 de diciembre de 2004, cuando la LIVG echaba a andar. Hasta ahora hemos visto las medidas penales que se aprobaron aquel día de los Santos Inocentes, esto es, la agravación de la pena para los casos en los que el sujeto activo del delito –el victimario- es un varón y el sujeto pasivo del mismo es una mujer con la que tiene o ha tenido algún tipo de relación afectiva, así como la ampliación de la cobertura legal, convirtiendo automáticamente en delito faltas de lesiones, amenazas o coacciones, sólo para los casos ya mencionados. Asimetría penal que tiene unos curiosos precedentes en el agravante que el franquismo creó en 1944 –conocido como desprecio de sexo-, y que perduró en nuestro código hasta que fue eliminado en 1983, paradójicamente por iniciativa del PSOE, siendo ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret. Aseguraban entonces que aquel agravante franquista perpetuaba la idea machista de la debilidad femenina, y un Congreso de amplia mayoría socialista lo tumbó para que otro socialista, veinte años después, volviera a resucitarla. Pero la LIVG iba más allá de la asimetría penal, ya que venía acompañada de medidas de sensibilización, asistencia social, jurídica, psicológica y económica, tutela institucional, creación del teléfono de ayuda a la mujer maltratada -016-, formación de los polémicos Juzgados de Violencia de Género, de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer y, algunos años después, la creación del Ministerio de Igualdad. Todo un vasto aparato burocrático compuesto por millares de asistentes sociales, psicólogos, abogados, operadores de línea, jueces y fiscales, delegados, etc. encargados de poner en funcionamiento la LIVG y mantenerla. Un ejército de funcionarios que se vería indudablemente perjudicado con la derogación de la LIVG. 

Pero además, para el correcto funcionamiento de la ley –o eso se arguye- se hace preciso dotar a las instituciones de una gran cantidad de dinero en forma de subvenciones públicas. Como muestra, sólo el Gobierno de Canarias dotó a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de 19 millones de euros exclusivamente para costes de servicio entre los años 2013 y 2016. Muchas asociaciones sin ánimo de lucro también se benefician de astronómicas subvenciones anuales, algunas de las cuales exigen condiciones cuanto menos inquietantes. La COMPI –Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Para la Participación y la Igualdad- pedía valorar la dotación de presupuestos superiores al millón de euros y, lo más significativo, la supresión de la exigencia de auditoría externa. ¿Por qué habrían de hacer hincapié en que no se hurgue en el uso que hacen del dinero público con que se les dota? La misma coordinadora de asociaciones feministas se quejaba del incremento de dotación a la investigación contra el cáncer, aduciendo que ya tenía suficientes recursos con el 0,7% del IRPF y que ellas necesitan más el dinero. 

Durante toda la administración de Zapatero, las subvenciones millonarias seguían fluyeron como ríos, incluso cuando la crisis económica era ya una dolorosa realidad. El 18 de noviembre de 2011 –como recogió el BOE publicado el 7 de febrero de 2012-, a sólo dos días de las elecciones que dieron la mayoría absoluta al partido popular, el Instituto de la Mujer otorgó 2,2 millones de euros, beneficiando a los grandes sindicatos y, por supuesto, a asociaciones feministas. De estas últimas, la mayor beneficiaria fue la Federación de Mujeres Progresistas, que recibió la cuantiosa cantidad de 120.125 euros para desarrollar medidas tan ambiguas y poco específicas como el “fomento del movimiento asociativo de mujeres” o su “integración online”. Su presidenta era entonces Yolanda Besteiro, concejal socialista en Alcalá de Henares. Otra asociación presidida por una socialista, Fundación Mujeres, de Elena Valenciano, también se encontró entre las más favorecidas. 

No sólo el PSOE concede cifras astronómicas en conceptos difusos, ambiguos y muy generales como la “igualdad de oportunidades”. El partido popular también se sumó al flujo de subvenciones. Precisamente con el pretexto antes señalado, se aprobó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 al que se dotó de la mareante cifra de 3.127 millones de euros. Dotación que complementaba los 1.500 millones de la Estrategia de Erradicación de la Violencia de Género, aprobada tan sólo un año atrás. 

Todo este vastísimo y costosísimo aparato burocrático y las astronómicas subvenciones para su seguimiento y apoyo, no ha frenado –ni disminuido- el número constante de mujeres que es asesinada, como hemos visto en el primer capítulo, y como podemos concluir si observamos los datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. ¿Cómo es posible cuando se realiza tan extraordinaria inversión en medios y financiación? El sentido común podría llevarnos a dos conclusiones; o bien las medidas deben ser calificadas abiertamente como ineficaces –lo que no se entendería que siguieran aplicándose- o bien, como denuncia el exjuez Francisco Serrano, existe una industria abyecta basada en la malversación de recursos públicos.


-Texto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
-Artículo El desprecio y el sexo, de El Mundo, del 11 de diciembre de 2015.-BOE del 7 de diciembre, de 2012.
-Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016.
-Estrategia de Erradicación de la Violencia de Género.-Estrategia para la Igualdad de Hombres y Mujeres, Gobierno de Canarias, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.-Artículo publicado en la web de COMPI, del 30 de enero de 2014.












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